Leyes a medida para saltarse la legislación ambiental

Hace unas semanas escribía un post en este mismo blog acerca de la inutilidad de las sanciones por delitos ambientales. Comentaba que en muchas ocasiones la cuantía económica de estas multas era perfectamente asumible por las grandes empresas o las propias Administraciones públicas, que prefieren pagarlas y continuar con sus proyectos a costa de reducir en una minúscula parte sus beneficios.

En un estado democrático se supone que tanto los ciudadanos como las instituciones deben respetar unas reglas y que cualquiera puede ser juzgado y condenado por incumplirlas. Debido a esto cualquier actuación que vulnere la legislación puede ser denunciada y por eso los proyectos que puedan afectar al Medio Ambiente deben presentar previamente un informe de impacto ambiental y pasar por un periodo durante el cual cualquier ciudadano puede presentar alegaciones si cree que incumplen la legalidad. Gracias a esto, muchos proyectos e infraestructuras, no sólo promovidos por empresas privadas sino también por las Administraciones públicas, se han paralizado e incluso se han desestimado si los jueces una vez evaluadas las pruebas presentadas consideraban que eran ilegales.

Resulta evidente que estas alegaciones no son del agrado ni de las empresas ni de las administraciones y que ambas suelen recurrir a los más variados subterfugios legales para llevar a cabo sus proyectos, que como les gusta decir a los representantes políticos del Principado de Asturias, "son irrenunciables" (Musel, Embalse de Caleao, línea Lada-Velilla), lo que implica que esas obras se realizaran sea como sea, lo cual deja patente la voluntad dialogante de nuestros dirigentes y el respeto a las decisiones judiciales.

Uno de los casos más escandalosos de los que he tenido conocimiento en los últimos años es el que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y Leon, según aparecía publicado en la prensa hace tan sólo unos días. Su idea es cambiar la legislación autonómica para que los proyectos que presenten los grupos parlamentarios puedan ser aprobados como leyes, con lo que se evitarían los engorrosos informes técnicos del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma que podría echarlos abajo. Por otra parte, si se aprueba esa ley los ciudadanos ya no podrán presentar alegaciones a esos proyectos, ya que sólo el Tribunal Constitucional, al que ellos no tienen acceso, está facultado para denegar un proyecto con rango de ley.

Casualmente este cambio en la legislación coincide con una situación como la actual en la que varios proyectos promovidos por esta comunidad autónoma, como la estación de esquí de San Glorio o el parque eólico de los montes de Murias, se encuentran paralizados después de que los juzgados hubieran dado la razón a varios colectivos que demostraron que estas infraestructuras incumplían la actual legislación ambiental. Tanto la estación de esquí como el parque eólico se pretendían ubicar en zonas de gran importancia ecológica y afectarían a varias poblaciones de especies amenazadas como el oso pardo o el urogallo.

Gracias a esta nueva artimaña, el equipo de gobierno de la comunidad de Castilla y Leon podrá presentar de nuevo estos proyectos, pero esta vez como leyes, ya que al tener mayoría en las cortes no tendrán siquiera que rendir cuentas a la oposición y por supuesto no tendrán que atender ni a las quejas de los ciudadanos ni a los informes técnicos de los consejos consultivos. Probablemente en estos momentos otras comunidades autónomas se estarán frotando las manos y lamentándose de no haber sido ellos los que dieran con la solución a tantos quebraderos de cabeza.

Manga ancha señores, ya no hay nada que los pare. Tienen la sartén por el mango, hacen las leyes a su medida y disponen de los medios para hacer lo que les venga en gana sin darle explicaciones a nadie. ¿Quien decía que España no era una república bananera?