Protección de papel higiénico

La Comisión Europea le ha vuelto a tirar de las orejas a España, una vez más, por incumplir sus compromisos a la hora de redactar los planes de gestión de casi 1000 áreas protegidas dentro de su territorio. Curiosamente no es por falta de papeles, porque a este país otras cosas le podrán faltar, pero papeles no es una de ellas. En un país donde la complejidad de un proceso judicial se mide en decenas de miles de folios, no es de extrañar que de cara a la galería nos intenten convencer de que la unidad de medida de la protección ambiental es el número de informes que declaran algunos espacios como protegidos. 

España, con el 29% de su superficie terrestre y el 8% de sus aguas territoriales con algún tipo de protección, es uno de los países que más territorio aporta a la Red Natura 2000. Eso si, esa protección es sobre el papel, porque lo cierto es que cuando se trata de llevar esa protección al mundo real, las cosas cambian. En 2012, de los casi 1500 Lugares de interés comunitario (LIC) y 600 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) declarados en España, solo el 18% habían desarrollado los instrumentos de gestión correspondientes. Y todo esto cuando el plazo para presentarlos había expirado el 7 de diciembre de 2010. Entre las comunidades que habían incumplido este compromiso, curiosamente se encontraban todas las "cantábricas" (Asturies, Cantabria, Galicia, Navarra y Euskadi) y Castilla-León.

Después del expediente abierto en 2012 por no haber cumplido los plazos, ahora se han puesto serios y le han abierto a España un expediente de infracción, ya que a pesar de haber prorrogado el plazo para presentar los planes de gestión hasta el diciembre pasado, a día de hoy aún no han cumplido. Esto no parece que le importe mucho a nuestros gobernantes, que se llenan la boca hablando de cumplir la legislación europea, pero solo cuando les interesa electoralmente. Prueba de ello es que España está a la cabeza de los países de la UE por el número de expedientes abiertos por infracciones ambientales y también por el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia europeo en materia medioambiental. En esto si somos la locomotora de Europa. Tampoco se les caen los anillos cuando en plena campaña electoral, unos y otros hablan sin sonrojarse de saltarse la legislación europea proponiendo dragados y canalizaciones faraónicas en nuestros ríos.

Pero no nos engañemos, en el caso hipotético de que nos dieran una nueva prórroga y España consiguiera entregar todos los planes de gestión que demanda insistentemente la UE, lo que no está nada claro es que finalmente sirvan para algo. Como ya he dicho antes, una cosa es tener los papeles y otra muy distinta es llevarlos a la práctica. Sobrados estamos de ejemplos de incumplimientos de planes de manejo de especies y planes de gestión, para confiar en que este será un caso distinto.

No podemos olvidar que en España la máxima figura de protección es la de Parque Nacional, y que tras la nueva ley aprobada por el gobierno recientemente, prácticamente se podrá hacer cualquier cosa dentro de ellos, desde urbanizar hasta organizar cacerías y realizar matanzas de depredadores. Eso sí, para eso se redactan nuevas leyes, nuevos informes de miles de páginas y estos curiosamente si se cumplen.

¿Alguien en su sano juicio puede llegar a pensar que con estos precedentes, en los espacios declarados como LICs o ZEPAs, que contarán con unos flamantes planes de gestión, la cosa será distinta? Pues sinceramente yo creo que no. Pero no pasa nada, luego llegará la UE y nos volverá a sancionar económicamente por incumplirlos y una vez más nos tendremos que apretar el cinturón los de siempre para pagar esas sanciones, mientras los responsables seguirán organizando cacerías, esta vez dentro de los parques nacionales, para seguir repartiéndose la tajada.