Esos incómodos investigadores

Hace unos pocos días nos enterábamos de la fulminante destitución del director de la Estación Biológica de Doñana (EBD), Juan José Negro, por parte del presidente del CSIC. El motivo de esta destitución, según el CSIC, es la "pérdida de confianza", sobre todo por parte del propio presidente del CSIC, Eduardo Lora-Tamayo y del coordinador del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer.

Antes de nada convendría explicar como se nombran estos cargos, porque quizás eso ayude a entender esta decisión. El director de un instituto del CSIC, como la EBD se elige democráticamente por los miembros del claustro de dicho centro. Tal como explicaba el Dr. Negro en una reciente entrevista, en unas primeras elecciones los investigadores de plantilla del centro votan al candidato y una vez que se gana esa elección, se produce una nueva votación, esta ver por parte de la Junta del Instituto, formada por el personal investigador y el no investigador. Una vez ganadas ambas elecciones y una vez que se pronuncie el Comité Científico Asesor (formado por investigadores de prestigio) se comunica la decisión al presidente del CSIC que es el que hace formalmente el nombramiento. En resumidas cuentas, el director de un centro de este tipo se elige democráticamente entre el personal del centro, básicamente investigador.

En el caso del presidente del CSIC, ese cargo es nombrado a dedo por el gobierno, o sea, que es un cargo de confianza en este caso del Partido Popular, que es el que lo ha nombrado. Asimismo, el cargo de los delegados territoriales, también es nombrado a dedo por el presidente del CSIC. Resumiendo, son cargos políticos de confianza.

Después de estas explicaciones quizás se entienda mejor que la llamada "perdida de confianza" por parte de estos dos cargos políticos es sencillamente una pérdida de confianza por parte del gobierno que los nombró a dedo.

¿Pero que pudo ocasionar esa "perdida de confianza? 

Hace unos meses se convocó un concurso promovido por la junta de Andalucía para adjudicar los derechos mineros del yacimiento de Aznalcóllar, una explotación marcada por el desastre ecológico ocurrido el 25 de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos de la multinacional sueca Boliden liberó al río Guadiamar, principal afluente de Doñana, seis hectómetros cúbicos de lodos tóxicos. Esta catástrofe ecológica, sin precedentes en España, quedó finalmente impune, y el Tribunal superior de justicia eximió a la empresa del pago de ningún tipo de indemnización.

Hace dos años, la Junta de Andalucía anunció un concurso internacional para reabrir la explotación de Aznalcóllar, que finalmente fue adjudicado en febrero de este año a la empresa  Minorbis, filial del Grupo Magtel. Días después de esta resolución, la empresa Emerita Resources que también se había presentado al concurso, denunció ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla la posible prevaricación, cohecho y fraude en dicha adjudicación. 

Y al juicio que siguió a esta demanda, acudió como perito Juan José Negro, que declaró que la adjudicación contenía "errores de bulto", ya que apreció graves incorrecciones que hacían inviable los planes técnicos propuestos por la empresa Minorbis. entre otras cosas porque usaban datos que se habían inventado sin nombrar la fuente y que incluso había sumas con resultados incorrectos.

Aquí cavó su tumba el Dr. Negro. Había metido las narices en un asunto muy feo y había dado su opinión como experto, que por cierto era su obligación. No parece casual que una de las personas que decían haber perdido su confianza fuera el coordinador del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, que a través de la Fundación Migres es asesor ambiental de la empres Minorbis. ni que el propio Miguel Ferrer, después de ser contratado por el Puerto de Sevilla intentara sustituir a Juan José Negro al frente de la EBD.

Paso de la romería de El Rocío por el PN de Doñana (foto EFE)

Pero que Juan José Negro era una persona incómoda para el gobierno y "otras instituciones" ya había quedado patente cuando en junio del año pasado se atrevió a criticar el estado en el que quedaba el Parque Nacional de Doñana después de cada romería de El Rocío. Al igual que en el caso de la adjudicación de la mina, el director de la EBD con estas declaraciones no hacía más que realizar su trabajo, ya que este instituto es el encargado de gestionar la Reserva Biológica de Doñana, un lugar de gran importancia ecológica donde solo pueden entrar 140 personas al día siguiendo unos itinerarios marcados y vigilados. Salvo durante la romería de El Rocio, cuando vale todo. Lo único que pedía era que no se usaran vehículos a motor, que se tirara la basura en contenedores y en resumen, que la gente fuera respetuosa ya que el PN de Doñana tiene el máximo nivel de protección. 

En una carta publicada hace un par de días y escrita por Miguel Delibes (director de la EBD entre 1988 y 1996), con el título Terremoto en Doñana (os recomiendo que la leáis y no os quedéis en el titular), explica muy sutilmente lo ocurrido estos días. Frases como "Me debo al gobierno que me ha nombrado", dicha por el director del CSIC cuando Delibes era director de la EBD lo dejan muy claro. Según comenta el propio Delibes en su carta, Juan José Negro "se ha hartado de Blancanieves y ha optado por cobrarse su corazón".

No es un caso aislado

Aunque el caso de la destitución del Dr. Negro como director de la EBD haya sido el caso más sonado de los últimos años, la presión que tienen que soportar los investigadores por parte de las altas esferas no son algo nuevo. Los investigadores son personajes incómodos, sobre todo cuando salen de sus laboratorios o se descuelgan los prismáticos y aparecen en público a exponer los datos de su trabajo y a dar su opinión, sobre todo si esa opinión no es del agrado de las grandes empresas, de la linea marcada por el partido del gobierno o incluso de la Iglesia.

No son pocas las ocasiones en que los investigadores han sido tachados de alarmistas, de agoreros y hablando en plata, de rompehuevos, por altos cargos de la administración. La sucesión de chistes, alusiones a parientes y descalificaciones hacia los investigadores que apoyándose en años de trabajo alertaban a las autoridades de los efectos del cambio climático, han sido frecuentes en los últimos años. El desprecio de la Administración hacia los científicos que estudiaron los efectos del vertido del Prestige fue tan escandaloso que ni siquiera se les consultó a la hora de abrir los caladeros tras la catástrofe. Se les tachó de interesados y de afán de protagonismo por exponer unos estudios en los que se se consideraba precipitada dicha apertura por el riesgo para la salud pública.

Los informes de los especialistas sobre los controles de depredadores, sobre repoblaciones y gestión piscícola, sobre los dragados de los ríos, sobre energía o sobre conservación de especies y espacios protegidos, muchas veces encargados por la propia Administración, se amontonan sobre las mesas de los cargos políticos y ni siquiera son tomados en cuenta para tomar decisiones. Son informes incómodos porque se basan en datos científicos y lo que interesa es satisfacer a los votantes, aunque las decisiones que se tomen sean erróneas (y ellos lo saben). No han sido pocos los cargos políticos que han calificado de cazasubvenciones, de "pseudocientíficos urbanitas" o de "vivir a cobijo de las universidades" a los investigadores que cuestionaban sus decisiones.

De los científicos se espera que estén y que no molesten. Que hagan sus cositas y que den lustre a la "Marca España", a pesar de los continuos recortes en las partidas destinadas a investigación que cada vez hacen más difícil su trabajo. Y sutilmente se les recuerda que ese dinero para investigación es escaso y que hay que ser bueno y dócil para que te toque algo. 

Y esas descalificaciones y desprecio hacia los investigadores por parte de la administración, desgraciadamente han ido calando en nuestra sociedad. Los investigadores son de los pocos profesionales que tienen que justificar continuamente el sueldo que reciben por hacer su trabajo. La idea de que los investigadores son cazasubvenciones o que lucran con proyectos de investigación ha llegado a un límite tan grotesco que parece asumido que un investigador debe trabajar exclusivamente por amor al arte. Parece que hace falta recordar que el dinero que se recibe en los proyectos de investigación no va al bolsillo del investigador, sino que se destina a los gastos generados por dicho proyecto y a pagar sueldos del personal contratado para ejecutarlo. Tampoco está de mas recordar que no son pocos los investigadores que acaban financiando gran parte de los gastos de sus investigaciones con su propio dinero. Ni tampoco debe olvidarse que el dinero invertido en investigación revierte en la sociedad, normalmente multiplicado por tres.

La forma en la que se ha producido la destitución del director de la EBD nos confirma lo mucho que nos queda para ponernos a la altura de otros países de nuestro entorno, donde la investigación es considerada como una pieza imprescindible para el desarrollo social, donde los investigadores son reconocidos y consultados para la toma de decisiones. La investigación y los organismos que la dirigen no deben estar supeditados a los intereses políticos de cada momento porque si lo sigue estando solo servirá para que pierda el rigor que se le supone.

NOTA: para evitar malentendidos quiero aclarar que en este post no valoro en ningún momento la actividad investigadora del Dr. Negro ni su labor como director de la EBD, simplemente comento la forma en la que se produjo su destitución y los acontecimientos que tuvieron lugar antes de que esta se produjera.