Incendios, acotamientos y Brigadas de investigación

Hace ya un par de semanas que Asturias ardió por los cuatro costados. Como había ocurrido en diciembre de 2015, cuando a las puertas de la navidad el occidente de la provincia se convirtió en un infierno. Un infierno que se llevo por delante cientos de hectáreas de monte y puso en peligro las vidas de muchos vecinos y de los bomberos que fueron a sofocar los múltiples focos que se encendieron en solo un par de horas.

Al igual que aquel fatídico diciembre, se culpó al calor y al fuerte viento de ser los causantes de los incendios, cuando lo único que había provocado la meteorología, tal como se confirmó más tarde, fue proporcionar las condiciones idóneas para que los amigos del mechero y la cerilla hicieran el mayor daño posible. 

Pero entre diciembre de 2015 y abril de 2017 había ocurrido algo que dio alas a muchos de esos incendiarios, y que sin lugar a dudas fue como regalarles los mecheros incluyendo una lata de gasolina en el lote. El 24 de abril, el parlamento asturiano aprobó la modificación de la Ley de Montes que eliminaba los acotamientos al pastoreo en los terrenos quemados. Esta propuesta, presentada por el PP, contó con los votos favorables de todos los grupos del parlamento asturiano (PSOE, IU, Foro Asturias y Ciudadanos) salvo Podemos, que votó en contra. 

La figura del acotamiento tenía un objetivo muy claro: disuadir a los incendiarios de provocar los fuegos al eliminar el beneficio que se obtendría de los mismos. En el caso de Asturias, la principal motivación de los incendios intencionados, tal como se desprende de los informes presentados por Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS), es la de "Regenerar y favorecer el nacimiento de pasto" para el ganado. 

No hacía falta ser un vidente para prever que la eliminación de estas restricciones tendría como consecuencia directa un incremento del número de incendios, así como el aumento de la sensación de impunidad de los que los provocan. Parece bastante lógico que si en vez de reprenderte te dan unos caramelos, coges la bolsa entera y organizas una fiesta.

Y la fiesta se organizó por todo lo alto tan solo un par de días después de la aprobación de la modificación de la ley de montes. En tan solo una semana de festejos se produjeron 254 incendios en Asturias que afectaron a 52 concejos y acabaron arrasado miles de hectáreas de monte. Cuando los festejos se les fueron de las manos a los organizadores, un total de 853 bomberos trabajaron sin descanso para sofocar el fuego poniendo sus vidas en peligro, apoyados por 189 vehículos terrestres y 8 aeronaves de diferentes organismos, lo que aparte de todo costó una ingente cantidad de dinero que pagaremos todos los que no estábamos invitados a la fiesta.

Mientras todo esto ocurría, los políticos que habían aprobado el fin de los acotamientos callaban y escondían la cabeza, y sólo después de unos días aparecieron en público para negar cualquier responsabilidad y desligar la modificación legislativa de la oleada de incendios, que era lo que apuntaban agentes medioambientales, guardia civil, ingenieros forestales y grupos ecologistas. Y tal como poco a poco iban demostrando las detenciones y condenas a los incendiarios.

Las incómodas investigaciones de la BRIPAS

Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias se crearon el 2 de julio de 2002 dentro de la desaparecida Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos. Las cuatro brigadas que se crearon estaban formadas cada una de ellas por un miembro de Bomberos del Principado de Asturias, un agente de Medio Ambiente y un agente de Medio Rural.

En el año 2013, la BRIPAS publicó una memoria en la que se recogían los resultados del trabajo de 10 años, en los que se investigaron un total de 1294 incendios, confirmando que en el 82% de los casos los incendios habían sido intencionados, y en un 70% de esos incendios intencionados, la motivación había sido la regeneración de pastos para el ganado.

La labor desarrollada por estas brigadas ha sido elogiada por el Fiscal de Medio Ambiente de Asturias, y son un referente para los Agentes Forestales y Medioambientales del resto del Estado, habiendo conseguido 86 sentencias condenatorias desde su existencia, y marcando un récord en 2014 al sentar en el banquillo a 14 incendiaros, con sentencias condenatorias para todos ellos. Baste recordar que antes de la creación de estas brigadas la media de sentencias anuales por estos delitos oscilaba entre 1 y 3.

Estos resultados, que deberían ser motivo de orgullo para el Principado de Asturias, parecen ser más un incordio que una buena noticia, quizás porque no conviene que se sepa demasiado y porque tal como estamos acostumbrados a ver en los casos de furtivismo, estos hechos "dañan la marca Asturias" y pintan de negro un Paraíso Natural que ya pocos de los que vivimos aquí nos creemos.

Coincidiendo con la modificación de la ley de montes y con la oleada de incendios, hemos tenido conocimiento de la intención del Gobierno del Principado de Asturias de desactivar las BRIPAs, cuya dependencia orgánica depende de la Dirección General de Justicia e Interior y la funcional del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). La intención de dicha medida era la de que además de que se dependiera funcionalmente del SEPA, la BRIPAs fuera también dependiente orgánicamente de este mismo organismo, lo que tal como denuncia la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), "podría llegar a suponer la invalidación de pruebas en procedimientos judiciales de no quedar debidamente delimitadas sus actuaciones en esta materia" ya que "los mandos y resto de personal no cuentan con la condición de Policía Judicial que les ampare para intervenir ante ilícitos penales". 

La investigación y la extinción de incendios forestales son parcelas totalmente diferenciadas y el ordenamiento jurídico atribuye diferentes competencias a los distintos colectivos que trabajan en ellas: por un lado los Agentes del Medio Natural y por el otro los Bomberos, y ambas labores deben estar lo suficientemente claras y diferenciadas para que sus actuaciones lleguen a buen fin. Es necesario recordar que en el resto de comunidades autónomas de España, las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales están integradas única y exclusivamente por Agentes del Medio Natural.

Por otra parte, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "no deben existir intermediarios entre los funcionarios de Policía Judicial y los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal, siendo una premisa irrenunciable garantizar la independencia en el proceso de investigación, que debe quedar alejado de injerencias o cualquier tipo de interés particular que pueda perjudicar el resultado final de las investigaciones".

Resulta evidente que para el trabajo de estos profesionales se requieren las mínimas injerencias, las cuales se evitarían si se consiguiese una dependencia exclusiva de la Dirección General de Justicia e Interior.  

Esperemos que se esclarezcan los hechos en el caso de todos los incendios forestales declarados en Asturias y que las BRIPAs puedan seguir desarrollando su impecable trabajo, sin injerencias, tal como han hecho hasta ahora. La desaparición o modificación de estas brigadas solo podría explicarse por un afán de esconder la verdad y proteger al delincuente y eso sí que dañaría a la marca Asturias, que ya está lo suficientemente manchada y deteriorada por leyes como la del fin de los acotamientos.

NOTA: en 2017, las BRIPAs ya han sido desactivadas como unidad independiente y han sido incluídas en el SEPA.