Esta noticia aparecida en el diario La Nueva España es una más que confirma, por una parte, el desprecio absoluto que tienen las administraciones regionales hacia la ciencia y por otra parte, la connivencia, la suavidad y la permisividad que tiene esas mismas administraciones ante los presuntos furtivos, incendiarios, envenenadores y demás delincuentes. Quizás con responder a estas preguntas se aclararía el tema: ¿Cuantos casos de furtivismo, incendios, envenenamientos y demás delitos contra la fauna y el medio ambiente se producen al año? ¿Cuantos furtivos, incendiarios o envenenadores han sido condenados? La respuesta a la primera serán varios cientos, la respuesta a la segunda, es más sencilla: uno o ninguno.
Pero volvamos al caso de la noticia aparecida en la prensa. El 6 de septiembre de este año, o sea, hace un mes, el Grupo de Investigación del Oso Cantábrico, se encontró en el monte uno de los collares con los que estaban radiomarcando osos en la cordillera cantábrica, cortado con un instrumento cortante, probablemente con una navaja. El ejemplar de oso radiomarcado que portaba ese collar había desaparecido, lo que parecia indicar que podría haber sido matado furtivamente y posteriormente se le hubiera cortado el collar para no dejar pruebas.
Ante este hecho, el grupo de investigación denunció estos hechos en la comandancia de la Guardia Civil de Villablino como un posible acto de “furtivismo”. Tras la denuncia, desde la Subdelegación del Gobierno se confirmó que el Seprona estaba investigando los hechos, mientras que la Consejería de Medio Ambiente comunicaba que era pronto para asegurar que se trataba de un caso de furtivismo.
Pues tras un mes sin noticias, la prensa publica hoy que la Junta de Castilla y León suspende el programa de marcaje y por si fuera poco, abre un expediente al grupo de investigación que había marcado al oso.
¿Qué pudo haber pasado para que se diera una vuelta al caso de esa magnitud? ¿Cómo el denunciante de un hecho delictivo se puede convertir para la administración en el culpable?
Estamos ante un caso flagrante de el consabido "matar al mensajero". Podría ser que quizás empezáramos a conocer que ciertos colectivos, que suelen presentarse como grandes conservacionistas mientras recorren el monte con sus escopetas estuvieran detrás, como muchos sospechamos, de los múltiples casos de furtivismo de osos y lobos. Quién sabe si alguna asociación, fundación o ponedle el nombre que más os guste, "amiga" simultaneamente de osos y cazadores, esté molesta por esas veladas acusacioens hacia ese colectivo. Quién sabe si los políticos, gestores y ciertos personajes de la administración podrían ver peligrar unos cuantos centenares o miles de votos si destapan toda la mierda que se han encargado de esconder bajo la alfombra durante tantos años.
Muchas preguntas que los responsables de la administración, no solo de Castilla y León, sino también de otras comunidades autónomas, como Galicia, Asturias o Cantabria deberían responder. Algunos de cuyos máximos representantes, alardean publicamente de gritar y amenazar a los jueces si no bailan a su dictado.
Mientras tanto, los científicos que no comulgan con las ideas de la administración, los que denuncian a los furtivos, o la guardería que persigue esos delitos mientras es abandonada por la adminstración, siguen pagando las consecuencias de la negligencia y la indecencia de políticos y gestores a los que lo único que les importa es seguir calentando su poltrona.